La institución consideró que debe evitarse la adopción, por parte de gobiernos locales, de medidas que restrinjan derechos individuales y colectivos y que puedan generar conflictos interpersonales e institucionales.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe observa con preocupación las medidas adoptadas por distintas comunas y municipios de la provincia de Santa Fe tendientes a prohibir el ingreso y/o circulación de personas que no residen en lugar, generando conflictos interpersonales e institucionales que en estos tiempos deben evitarse. Es por ello que la institución exhorta a todos los gobiernos locales actuar en el marco legal vigente y respetando las medidas adoptadas por el Estado provincial.

La defensoría recordó que, con el objetivo de detener la circulación del Covid 19, el Estado nacional dispuso a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 297 el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 31 de marzo inclusive. Y, posteriormente, el Ejecutivo provincial adhirió a esa norma.

En esa normativa nacional y en otra complementaria se dispusieron además las excepciones generales y particulares a la regla del aislamiento, tendientes a garantizar a la población la provisión de alimentos, productos de limpieza e higiene, medicamentos y servicios públicos, entre otros.

La provincia de Santa Fe adhirió a todo lo dispuesto y agregó que la Policía provincial, en colaboración con las fuerzas de seguridad nacionales, o por sus propios medios en ausencia de aquellas, controlará en modo permanente rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos que determine, contando además con la obligación de hacer cesar las conductas infractoras y dar intervención a la autoridad judicial competente.

La Defensoría del Pueblo consideró que la emergencia sanitaria impone a los distintos Estados la necesidad de actuar coordinadamente dentro del marco legal vigente, siendo en este caso potestad exclusiva del Estado provincial (por sí solo o en cooperación con la Nación) el poder de policía en la aplicación de las normas referenciadas.

En ese sentido, evaluó que es entendible que comunas y municipios realicen controles sanitarios para garantizar la salud de su población y de toda la provincia y el país. Pero advirtió que restringir la circulación de quienes están habilitados por cuestiones de trabajo o necesidad imperiosa no se condice con el espíritu de lo dispuesto tanto a nivel nacional como provincial.

Por ello, la Defensoría del Pueblo recomienda a las autoridades de los distintos estamentos actuar coordinadamente dentro del marco normativo vigente, evitándose la ejecución de acciones individuales en el medio de la emergencia sanitaria.

En el convencimiento de que cada uno de los intendentes y presidentes comunales adopta las acciones que considera más adecuadas para garantizar el bienestar de sus poblaciones, es que la Defensoría del Pueblo los insta a actuar coordinadamente con el Estado provincial para garantizar el bien común en este complicado momento.